La Suprema Corte de Justicia (SCJ) sometió a la Cámara de Diputados
un proyecto de ley que propone regular el ejercicio de la abogacía y la
notaría en la República Dominicana.
Si es aprobado, no será posible ejercer la abogacía sin un título de
licenciado o doctor en derecho, y otros requisitos previstos en la ley.
El título por sí solo no autorizará el ejercicio de la profesión.
También se exigirá una pasantía de dos años en una institución
vinculada al funcionamiento de los tribunales o al proceso de reforma
judicial y haber aprobado un examen de reválida.
Las oficinas privadas de los abogados podrán ser acreditadas como
centro de pasantía con la aprobación y supervisión de las cortes de
apelación de cada departamento judicial.
Según el proyecto de ley, será necesaria la autorización de una
Comisión de Reválida -que será creada- para el ejercicio de la abogacía
en el país. Esta comisión estará autorizada a intervenir en las
diferentes etapas de la regulación prevista en la ley.
Dicha comisión estará integrada ipor el presidente de la SCJ, el
director de la Escuela Nacional de la Judicatura, el encargado de
Oficiales de Justicia del Consejo del Poder Judicial, el Procurador
General de la República, el director Nacional de Defensa Pública, el
presidente del Colegio de Abogados y un decano de una Escuela de Derecho
de las Universidades acreditadas legalmente, y que sea elegido
libremente por sus homólogos.
La propuesta establecería, asimismo, la educación continua y la
reválida quinquenal, ya que la primera reválida no otorga un derecho
irrevocable ni permanente.
Quedará automáticamente sin efectos en caso de no reválida en el
plazo de cinco años, y podrá ser cancelada por la comisión de faltas.
También dispone que sólo los abogados en ejercicio que acrediten su
participación en programas de educación continua, en cursos que
alcanzaren no menos de 600 horas reales cada año calendario, serán
admitidos a renovar su título para continuar en el ejercicio de la
abogacía.
El proyecto establecerá los derechos y deberes de los abogados y
notarios, los honorarios que han de cobrar por casos, sanciones para las
faltas cometidas por los abogados y las reglas para someterlos a un
juicio disciplinario.
La propuesta está motivada en la baja calidad de los profesionales
del derecho y su masificación, que ha tenido como consecuencia la
pérdida de confianza en sus servicios.
fuente: almomento.net
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