ALEGÓ QUE TRES AYUNTAMIENTOS MANTIENEN UNA LITIS, POR LO QUE UN TRIBUNAL HABÍA ORDENADO EL CIERRE TEMPORAL DE LA MINA.
El procurador fiscal de Barahona reaccionó extrañado cuando se enteró que dos personas murieron ayer en la mina de sal de Puerto Alejandro, ya que un juez ordenó su cierre como consecuencia de una litis judicial entre los ayuntamientos de los municipios de Jaquimeyes y Vicente Noble, así como el distrito municipal de Canoa que reclaman como de suyos el territorio la misma.
Yván Ariel Gómez Rubio, entrevistado en exclusiva por Listín Diario en su despacho de la fiscalía, dijo que el Ministerio Público está apoderado de la litis por el control de la mina de sal de Puerto Alejandro, ubicada en la loma El Curro, por lo que se ordenó el cierre temporal hasta tanto haya una decisión definitiva entorno a su posesión que reclaman los referidos municipios y el distrito municipal de Canoa.
“Nosotros entendíamos que la mina debía estar cerrada por la sentencia en acción de amparo que lo ordena y que nosotros le habíamos notificado por acto de alguacil al alcalde Domingo Melquíades Florián para que acatara la decisión hasta tanto se conociera el fondo”, afirmó Gómez Rubio.
La mañana de ayer en esa mina se produjo un derrumbe, a consecuencia de un temblor de baja magnitud, donde fallecieron Salvador García, de 60 años y Edgar Batista, de 35.
La Primera Sala de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia, del Distrito Judicial de Barahona, mediante la sentencia número: 14-00241, ordenó paralizar el proceso de operación de la mina de sal, pero el alcalde de Jaquimeyes, Domingo de los Santos, no acató el procedimiento del tribunal.
El ayuntamiento del municipio de Vicente Noble, a través de la Junta de Distrito de Vicente Noble, representada por su alcalde Domingo de los Santos de León y el director de Distrito de Canoa Luis F. Matos Dotel, presentaron un recurso en acción de amparo en contra del ayuntamiento de Jaquimeyes, ya que reclaman como de su territorio la mina.
Sin embargo, Domingo Milquíades Florián, alcalde de Jaquimeyes, no acató la decisión judicial, la cual está firmada por el juez Manuel Emilio González Castillo, por lo que Gómez Rubio, dijo que como el ejecutivo municipal tiene jurisdicción privilegiada pasará el expediente a la Procuraduría de la Corte de Apelación de aquí.
Se recuerda que el municipio de Jaquimeyes reclamó al ayuntamiento de Santa Cruz de Barahona la administración de la mina de sal, ya que alegó era de su propiedad, por lo que tribunales ordinarios la favorecieron, pero recurrió por ante el Tribunal Constitucional que determinó pertenecía al primero.
Manifestó que el caso deberá ventilarse ahora en la Procuraduría de la Corte de Apelación que dirige el magistrado Ulises Guevara, en razón de que el alcalde de Jaquimeyes tiene jurisdicción privilegiada, sobre todo, ahora que han ocurrido estos dos fallecimientos.
Fuente: Listin Diario
0 comentarios:
Publicar un comentario